Logros y Acciones

Un nuevo informe evidencia como varios gigantes de la industria de comestibles y bebidas bloquearon, directa e indirectamente, políticas alimentarias saludables y pusieron en mayor riesgo a los consumidores más vulnerables

Un informe recién publicado por Global Health Advocacy Incubator (GHAI) muestra cómo las grandes compañías de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas utilizaron la emergencia sanitaria del COVID-19 para promover sus marcas o productos.

El informe Afrontando dos pandemias: Cómo la gran Industria de Alimentos y Bebidas socavó la salud pública en la era del COVID19, revela más de 280 ejemplos en 18 países donde la falta de regulaciones alimentarias permitió que las industrias de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas posicionaran sus productos como esenciales y saludables, poniendo en mayor riesgo la salud de poblaciones que podían tener mayores complicaciones o morir a causa del COVID- 19.

Según el informe, la industria de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas aprovechó la pandemia en su beneficio a través de:

• Acciones para limpiar o mejorar su imagen por medio de donaciones solidarias a poblaciones vulnerables, mientras que promovían masivamente sus marcas. Dentro de los productos entregados se encuentran productos ultraprocesados en programas escolares de poblaciones vulnerables. Otras, incumplieron el Código de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna entregando y promocionando leche de fórmula y otros productos para bebés como cereales listos para el consumo, bebidas azucaradas con fruta o compotas. En Suráfrica, Coca Cola de la mano de organizaciones sin animo de lucro, donó sus bebidas a centros de salud, incluidos centros de atención para la obesidad.

• Campañas que promocionaban sus productos como esenciales y saludables para su consumo habitual comparándolos con alimentos naturales. En Jamaica, la compañía Wisynco promocionó sus bebidas de caja como productos para reforzar el sistema inmunológico, cuando en realidad contienen exceso de azúcar. En Colombia PepsiCo y Nestlé argumentaron que sus productos eran parte de la canasta familia.

• Financiaron plataformas educativas para promover la educación de niñas, niños y adolecentes a través de las cuales posicionaban sus marcas como fuentes confiables de información relacionada con la salud. En Estados Unidos financiaron páginas web para ayudar a los niños a aprender durante la cuarentena, donde se combinaba el marketing de productos ultraprocesados con la información educativa, posicionando a estas corporaciones como fuentes confiables de información relacionada con alimentación y la salud.

• Aprovecharon la pandemia para retrasar la implementación de políticas alimentarias saludable. En México, intentaron usar COVID-19 como excusa para posponer la implementación de la nueva política de etiquetado frontal de advertencia

• Promovieron la comida chatarra a través de incentivos atractivos de unión familiar, comodidad y nostalgia. Por ejemplo, en Brasil, la cadena de comida rápida Burger King promovió su servicio de entrega de comida rápida con el pretexto de ayudar a las personas a mantenerse seguras en casa.

• Vincularon sus productos ultraprocesados y bebidas azucaradas con causas benéficas, buscando que los consumidores se sintieran bien a pesar de hacer compras poco saludables. En los EE. UU., Coca-Cola se asoció con Uber Eats para donar a Feeding America una comida por cada pedido realizado. En Colombia, Postobón realizó varias donaciones de sus bebidas azucaradas con la campaña #EsTiempoDeCuidarnos.

Estas intervenciones corporativas lograron que la industria mejorara su imagen, posicionara sus marcas y trabajara muy cerca de tomadores de decisiones para ganar influencia política y posicionar sus negocios como socios de la salud pública durante una emergencia – a pesar de promover, en muchos casos, productos no saludables.

Finalmente, el informe de GHAI subraya la necesidad urgente de políticas y regulaciones de alimentos saludables basadas en evidencia, así como sólidos protocolos para prevenir los conflictos de interés.

Para Holly Wong, vicepresidente del Global Health Advocacy Incubator (GHAI), “basándonos en los ejemplos que reunimos, rápidamente quedó claro que la gran industria de alimentos y bebidas estaba trabajando fuertemente para posicionarse como una parte crucial en la solución de la pandemia, aumentaba sus ganancias o mejoraba su imagen mientras obstaculizaba el avance políticas de salud pública”.

Para Carolina Piñeros Ospina, directora Ejecutiva de Red PaPaz, “es lamentable ver que las prácticas como las que Red PaPaz denunció por sus redes a través de #NoDonesChatarra o #NoDiganMásMentiras fueron utilizadas durante la pandemia por la industria alimenticia en otros países, a pesar de que sus productos eran desaconsejados por las autoridades de salud. Si Colombia tuviera la #LeyComidaChatarra, la #LeyEscuelaSaludable o la Ley de #ImpuestoSaludable a la #VillanaBebidaAzucarada, la historia seguramente hubiera sido diferente. Nuestras cifras de malnutrición este año lo reflejarán, así como los costos para la salud para nuestras familias y para la salud pública”.

El Índice Mundial de Interferencia de la Industria Tabacalera 2020, recientemente publicado, evidencia que Colombia tiene un lamentable primer puesto en materia de la interferencia de la industria tabacalera en el diseño e implementación de políticas de salud pública, obteniendo:

• 77 puntos de 100 posibles (a mayor puntuación, mayor interferencia)
• El puesto 51 de 57 países evaluados a nivel mundial (más alto indica mayor interferencia)
• El primer puesto entre los 9 países de la región (entre Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Colombia)

Este reporte es el primero de su naturaleza en la región, y fue coordinado por Corporate Accountability y el Programa STOP, con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil de los nueve países involucrados. El capítulo colombiano lo elaboró Red PaPaz.

De acuerdo con los resultados, en lo que respecta al nivel de participación de la industria tabacalera en el desarrollo de políticas para el control del tabaco, Colombia obtuvo 15 puntos, el puntaje más alto de la región. El reporte evidencia que, en Colombia, Chile y Perú, no hay una regulación que prohíba la participación de esta industria en la discusión de políticas de salud pública relacionadas con el control del tabaco.

En referencia a los beneficios que recibe la industria tabacalera, Colombia ocupó el séptimo lugar en Latinoamérica. El informe indica que la industria se beneficia de incentivos fiscales, concesiones fiscales o acuerdos comerciales. De otra parte, en más de una oportunidad, el lobby de la industria ha llevado a posponer la aprobación de leyes o la implementación de las medidas de control de tabaco.

Otro de los hallazgos apunta a la falta de transparencia en la interacción del Estado con la industria. En esta categoría, el país ocupó el último lugar de la región, lo que indica una mayor interacción del Gobierno con la industria tabacalera; así como una ausencia de regulaciones que gobiernen las reuniones con la industria tabacalera.

Con relación a la categoría de la participación de funcionarios de gobierno retirados trabajando para la industria tabacalera, este Índice Regional de Interferencia analizó dos indicadores: si los funcionarios actuales o retirados tienen relaciones con la industria tabacalera y si los gobiernos contaban con una política que rechazaba las contribuciones a las campañas electorales. En la región, Colombia obtuvo el sexto lugar con 9 puntos.

A pesar de los alarmantes resultados, Colombia aún no ha adoptado normas desarrollen el artículo 5.3 del Convenio Marco de Control de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el que se estipula que, al momento de establecer políticas de salud pública relativas al control del tabaco, se protegerán estas políticas y no los intereses de la industria, dificultando los esfuerzos para hacer frente a la interferencia de la industria tabacalera. Adicionalmente, este artículo prohíbe a los Estados conceder incentivos, privilegios o ventajas a este sector; sin embargo, la industria tabacalera continúa implementando estrategias para eludir regulaciones de consumo y exposición a los productos de tabaco.

En Colombia, la interferencia de esta industria y de las entidades que defienden sus intereses, impidió que se avanzara en la imposición de medidas de control de tabaco, como la ampliación de las advertencias de salud y el incremento de los impuestos al consumo de estos productos.

Pese a que el Convenio Marco de la OMS dispone que los Estados únicamente deben interactuar con la industria tabacalera cuando sea estrictamente necesario y para hacer posible una regulación eficaz de la industria y de los productos de tabaco de forma transparente al público; funcionarios del gobierno del país han participado en eventos patrocinados por la industria tabacalera.

De otra parte, no se puede perder de vista la puerta giratoria entre funcionarios del Estado y la industria tabacalera, que es palpable en Colombia, donde se advierten movimientos relevantes de la industria hacia el Gobierno y de Gobierno hacia la industria.

Es hora de que en Colombia se cumplan las normas para impedir que la industria interfiera en las políticas de salud pública, la nicotina afecta el desarrollo del cerebro, es adictiva y aumenta el riesgo de padecer cáncer, enfermedades cardiovasculares y pulmonares y es especialmente riesgosa para niñas, niños y adolescentes.

Para Carolina Piñeros Ospina, directora Ejecutiva de Red PaPaz este primer puesto nos prende las alarmas y nos muestra que estamos rezagados en la transparencia y eficacia de las acciones para proteger a Colombia del nocivo efecto del consumo e tabaco. Ahora que la nicótica se disfraza de atractivas maneras y pone en riesgo a las nuevas generaciones es cuando más debe nuestro país asegurar que cumplimos a cabalidad el Convenio Marco Control Tabaco.

Según un estudio realizado por la Universidad de Chile, la Universidad de Carolina del Norte y la Universidad de Auckland, publicado en PLoS Medicine en julio de 2020, la cantidad de productos y bebidas con alto porcentaje de azúcar y/o sodio disminuyó significativamente después de la implementación de la Ley de Etiquetado y Publicidad de Alimentos de Chile. Los resultados de la investigación sugieren que el paquete integral de Políticas aprobadas reduce la exposición que tienen los chilenos a productos con altos niveles de nutrientes críticos.

De acuerdo con el informe, a partir de la implementación de la Ley, la proporción de productos altos en nutrientes críticos disminuyó del 51% al 44%. Adicionalmente, se encontró que la cantidad de azúcar y sodio en los productos se redujo por debajo de los niveles establecidos en la ley, lo que significa que los fabricantes utilizaron la ley como punto de referencia para garantizar que sus productos no fueran rotulados con los sellos de advertencia.

Para el caso de los productos altos en azúcar como bebidas, leche y bebidas a base de leche, cereales para el desayuno, productos horneados dulces y productos para untar dulces y salados, la proporción pasó de 80% a 60%. Por su parte, los productos altos en sodio como comidas listas para comer, productos para untar salados, sopas y salchichas pasó de 74% a 27%.

El estudio demostró la efectividad de las políticas alimentarias integrales para lograr cambios en los entornos alimentarios y reducir el número de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas disponibles en el mercado, especialmente los que tienen altos niveles de azúcar y sodio. Estos hallazgos se suman a informes anteriores que indican disminuciones importantes en los anuncios de televisión de alimentos etiquetados y en la disponibilidad de esos alimentos en las tiendas escolares.

Adicionalmente, un estudio también publicado recientemente en México resaltó que los sellos frontales de advertencia en los productos ultraprocesados con exceso de azúcar, sodio o grasas saturadas podrían prevenir 1.3 millones de nuevos casos de obesidad lo cual le ahorraría a ese país gastos por aproximadamente US $ 1.8 mil millones en costos relacionados con la obesidad en un período de cinco años. Esto incluye una estimación de US $ 1.100 millones ahorrados en costos de atención médica y US $ 742 millones ahorrados en costos indirectos, como la incapacidad para trabajar, los gastos del cuidador y la muerte prematura.

La experiencia mexicana demuestra que esta política de etiquetado frontal de advertencia sumada al impuesto a las bebidas azucaradas son una estrategia efectiva para reducir el consumo de estos productos disminuyendo el riesgo de contraer obesidad y enfermedades no transmisibles como la diabetes y la hipertensión.

En el caso de Colombia, donde según la Encuesta de Salud Nutricional 2015, 1 de cada 4 escolares entre 5 y 12 años tiene obesidad y la mitad de los adultos afrontan esta situación, es urgente que el Estado implemente estas medidas que buscan mejorar los hábitos alimentarios y de esta forma mitigar el daño que causa el consumo habitual de estos productos.

Así mismo, en estos momentos de emergencia por COVID19, donde se están entregando donaciones a niñas, niños y adolescentes, se hace aun más perentorio contar con estas medidas que facilitarían identificar si los productos que están recibiendo las poblaciones vulnerables son apropiados para su crecimiento y desarrollo. Más aun cuando la evidencia científica nos muestra que, como resultado de la mala alimentación, las enfermedades crónicas no transmisibles, son factores que ponen en mayor riesgo las condiciones clínicas de los pacientes que contraen esta enfermedad.

En palabras de Carolina Piñeros: Sin lugar a duda contar con los sellos al frente de los empaques sería de gran ayuda en Colombia, por una parte le haría menos creíble la publicidad engañosa de los productos no saludables, haríamos mejores elecciones y a esas marcas les quedaría más difícil mostrarse como los héroes en la Pandemia.

Implementación de estas políticas en Chile y México

En junio de 2016, Chile implementó la Ley de Etiquetado y Publicidad de Alimentos, un paquete que incluía no solo la reglamentación de sellos frontales de advertencia en el frente de los paquetes de productos ultraprocesados, sino también la regulación de la publicidad de estos productos dirigida a niñas, niños y adolescentes y la promoción de entornos escolares saludables donde se prohíbe la venta y oferta de estos productos.

Para el caso del país azteca, en 2014 se implementó el impuesto a las bebidas azucaras el cual ha reducido el consumo de estas bebidas, evitando aproximadamente 240.000 casos de obesidad. A finales de 2019, se aprobó la reglamentación de los sellos frontales de advertencia en los productos ultraprocesados con exceso de los nutrientes críticos como calorías, azúcares, grasas, grasas trans o sodio.

Un estudio recién publicado encontró que el contenido nutricional de los comestibles y bebidas disponibles en Colombia siguen siendo alto en nutrientes críticos comparando el año 2016 con el 2018. El estudio analizó 36 bebidas y 102 comestibles dentro de los más vendidos en Bogotá y determinó que, según el Modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), todas las bebidas evaluadas tendrían al menos un sello de advertencia.

Otro hallazgo importante es que los niveles de edulcorantes no calóricos (ENC) en las bebidas han aumentado significativamente. La explicación es que estos productos han sido reformulados, reemplazando los azúcares por edulcorantes no calóricos; de acuerdo con los análisis, la media del contenido de azúcares de las bebidas disminuyó de 9 gramos por 100 ml a 5 gramos por 100 ml, lo que corresponde al aumento de casi el doble de la proporción de bebidas que contienen edulcorantes no calóricos, pasando del 33% al 64%. Esto implica la necesidad de advertir la presencia de edulcorantes no calóricos, para evitar su consumo por menores de 18 años, mujeres gestantes y lactantes. En el caso de los comestibles ofertados en el 2018, el 90% de los productos evaluados tendrían un sello de advertencia.

Por otra parte, los niveles de nutrientes críticos (azúcar, sodio o grasas saturadas) se mantuvieron en niveles similares en el periodo evaluado. Tampoco se observó ningún cambio significativo en la cantidad de calorías que contienen (la media de calorías por 100 g en 2016 osciló entre 270 en 2016 y 274 en 2018), ni en los niveles de sodio y grasas saturadas en estos comestibles y bebidas.

Estos resultados reafirman la importancia de la aprobación del Proyecto de Ley Comida Chatarra y la Ley Escuela Saludable que actualmente cursan en el Congreso de la República y que buscan promover los sellos frontales de advertencia (octágonos negros) en el frente de los empaques de los productos ultraprocesados y que en los entornos escolares se prohíba la publicidad y oferta de productos con exceso de azúcar, sodio y grasas saturadas (incluidas prioritariamente las bebidas azucaradas: gaseosas, tés, jugos de caja, etc.). Así mismo, se destaca la necesidad de contar con una política de impuestos a las bebidas endulzadas, que desestimule su consumo habitual, de manera especial por las poblaciones más vulnerables. Estas medidas, sumadas a otras recomendadas, buscan promover el consumo de agua y de alimentos no procesados o mínimamente procesados, reduciendo los riesgos de padecer en el futuro obesidad, diabetes e hipertensión.

Para Mercedes Mora y Luis Fernando Gómez, profesores de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Javeriana, los resultados de este estudio destacan la urgencia de implementar acciones políticas como la implementación de un etiquetado de advertencias, la restricción de la publicidad de comestibles ultra-procesados, la regulación de entornos alimentarios e impuestos saludables. Estas iniciativas deben ser complementadas con acciones que incrementen la producción y oferta de alimentos no procesados.

Para Carolina Piñeros Ospina, directora Ejecutiva de Red PaPaz, las barreras que imponen los intereses particulares en Colombia para que se adopten las medidas recomendadas por la salud pública han sido infranqueables, por lo que debemos seguir movilizándonos para exigir nuestro derecho al bienestar de las generaciones futuras. La desidia de los tomadores de decisiones públicas se está pagando con el dolor de nuestras familias, nos hemos visto obligados a cuidar y atender enfermedades no transmisibles, a edades cada vez más tempranas. Nos urge la #LeyComidaChatarra, la #LeyEscuelaSaludable y el #ImpuestoSaludableYa a la #VillanaBebidaAzucarada.

Sobre el estudio

Estos resultados provienen del estudio “Reformulación de comestibles y bebibles en Colombia” elaborado por investigadores de la Universidad de Carolina del Norte, la Universidad Nacional de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana, publicado recientemente en la revista Nutrients en octubre 2020, disponible aquí

Anoche, después de que la subcomisión creada para analizar y debatir las proposiciones sobre el informe de ponencia para segundo debate del PL 167 de 2019 (#LeyComidaChatarra), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinComercio) envió nuevamente un concepto al órgano legislativo con el que pretende bloquear decisiones urgentes en salud pública, para proteger los intereses de la industria. Esta comunicación dice que no es necesaria una Ley, que con su expedición se estarían poniendo en peligro varios acuerdos comerciales y que le preocupa que con su promulgación se obstaculice o restrinja el comercio. Estos argumentos son falsos.

El Congreso de la República tiene potestad de legislar lo necesario en materia de salud pública. En ningún país del mundo el etiquetado frontal de advertencia ha sido un obstáculo para cumplir las obligaciones de comercio exterior. Además, el Gobierno Nacional ya adelantó un Análisis de Impacto Normativo que concluyó que el etiquetado frontal de advertencia es necesario que se adopte mediante una norma para proteger la salud de la población. La adopción de esta medida se hace con fundamento en la prevalencia de los derechos fundamentales sobre las disposiciones de comercio exterior.

Tenemos certeza de que la actuación del Gobierno Nacional por medio de este concepto se produce en cumplimiento del “Pacto para el crecimiento del sector alimentos procesados” suscrito el 5 de agosto de 2019 por el Gobierno Nacional y la ANDI, Asocaña, Asograsas. En este Pacto se dice que los proyectos de ley que buscan adoptar el etiquetado frontal de advertencia son un “cuello de botella”. Indigna que concepto sobre una regulación reclamada por la sociedad civil para proteger la salud de niñas, niños y adolescentes, sea dado por el MinComercio, mientras que el Ministerio de Salud y Protección Social guarda absoluto silencio.

Hacemos un llamado a los Congresistas, a los medios de comunicación y a los ciudadanos para que no permitamos este atentado contra la salud pública. El etiquetado frontal de advertencia previsto en la #LeyComidaChatarra es una medida recomendada por organismos internacionales, que ha mostrado ser eficiente en el mundo para mitigar el nocivo impacto de la #ComidaChatarra en nuestras dietas, especialmente en la población menor de 18 años, en las personas más pobres y vulnerables de nuestra sociedad. Por este motivo, denunciamos y rechazamos la maniobra del Gobierno Nacional a través del MinComercio para favorecer a la industria de la #ComidaChatarra.

Carolina Piñeros
Directora Ejecutiva de Red PaPaz
@caropineros @RedPaPaz