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Logros y Acciones

Red PaPaz participó en un informe de la organización estadounidense Fairplay, que muestra que los niños de Latinoamérica, EE.UU., Australia y África tienen menos protección que sus pares europeos en TikTok, WhatsApp e Instagram

 

Bogotá, D.C.; 12 de julio de 2022. Fairplay y otras organizaciones, incluidas el Centro de Internet Seguro Viguías de Red PaPaz, presentaron los resultados de una nueva investigación que muestra que niñas, niños y adolescentes de todo el mundo tienen un acceso desigual a las protecciones de privacidad y a los términos y condiciones de las plataformas en TikTok, WhatsApp e Instagram.

 

De acuerdo con el estudio “Plataformas globales, protecciones parciales”, niñas, niños y adolescentes de países como Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Etiopía, Ghana, Indonesia y Sudáfrica no cuentan con los mismos controles y configuraciones de protección que las personas menores de edad de Europa.

 

El informe destaca una serie de desigualdades en las características de las plataformas que utilizan menores de edad en 14 países. TikTok, por ejemplo, ofrece protecciones adicionales para las personas menores de edad en Europa con el fin de proporcionar “una experiencia adecuada a la edad”. En otros lugares, sin embargo, los usuarios menores de 18 años no cuentan con estos servicios.

 

Además, cada plataforma tiene diferentes requisitos de edad mínima según el país, a pesar de ofrecer los mismos servicios en todo el mundo. Mientras que en Alemania un adolescente debe tener al menos 16 años para abrir una cuenta de WhatsApp, en Brasil basta con que tenga 13 años.

 

Otra de las características analizadas es la privacidad que tienen por defecto las cuentas de redes sociales de usuarios de 17 años. Mientras que en Alemania la cuenta de estos usuarios es privada por defecto, en Colombia, las plataformas ofrecen la posibilidad de elegir o directamente se abre pública, exponiéndolos a mayores riesgos.

 

Muy preocupados por esta situación, varias organizaciones de defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, entre ellas Red PaPaz (Colombia), el Instituto Alana (Brasil), la Asociación por los Derechos Civiles (Argentina), el Canadian Centre for Child Protection (Canadá), entre otros, enviaron una carta al director general de TikTok, Shou Zi Chew, solicitando que se eliminen las discriminaciones en materia de diseño evidenciadas en el informe y que atienda las recomendaciones del informe que instan a los gobiernos a crear políticas públicas que obliguen a las plataformas a aplicar configuraciones y términos de servicio que protejan al máximo el bienestar y la privacidad de niñas, niños y adolescentes.

 

“Es preocupante pensar que estas empresas eligen a cuáles niñas, niños y adolescentes les ofrecen las mejores protecciones de seguridad y privacidad y a cuáles no. Es razonable esperar que, una vez que una empresa haya encontrado cómo hacer que sus productos sean un poco mejores para las personas menores de edad, lo extiendan a sus usuarios menores de 18 años de todo el mundo. Pero, una vez más, las empresas de redes sociales nos defraudan y siguen diseñando riesgos innecesarios en sus plataformas”, dijo Rys Farthing, autora del informe e investigadora de Fairplay. “Los gobiernos deben intervenir y formular políticas que obliguen a los proveedores de servicios digitales a diseñar sus productos de forma que sean lo más seguras posibles para niñas, niños y adolescentes. Muchas jurisdicciones de todo el mundo están explorando este tipo de regulación”, añadió Farthing.

 

Uno de los firmantes de la carta y participantes del estudio, João Francisco de Aguiar Coelho, del Instituto Alana de Brasil, argumentó “Las conclusiones del informe muestran que las propias empresas de redes sociales están profundizando las desigualdades y promoviendo la discriminación entre sus usuarios menores de edad. No ofrecer a niñas, niños y adolescentes del Sur Global las mismas protecciones que se conceden a sus pares europeos es inaceptable. Los niños son niños y merecen una protección especial, independientemente de su lugar de origen”

 

Por su parte, para Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red PaPaz, “es urgente que las plataformas digitales, las empresas de redes sociales y los gobiernos se tomen en serio la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Los entornos digitales ofrecen muchas oportunidades para ellas y ellos, pero también tienen riesgos, por lo que es fundamental que las empresas tecnológicas diseñen servicios cada vez más seguros y confiables para todos los usuarios menores de 18 años, y los apliquen de manera igualitaria en todas partes.”

 

Bogotá, D.C.; 5 de julio 2022. En una comunicación dirigida a Ángela María Orozco, Ministra de Transporte, organizaciones de la sociedad civil reconocieron las acciones adelantadas en el país en materia de seguridad vial. Entre los avances del gobierno nacional, se destaca la futura expedición del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2030 con enfoque de sistemas seguros, la próxima sanción de la #LeyJuliánEsteban y la aprobación en primer debate del proyecto de ley de adhesión al Acuerdo de 1958 de Naciones Unidas sobre estándares vehiculares.

 

Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran, Despacio, Centro de estudios en Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia, Fundación Gonzalo Rodríguez, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana y Red PaPaz, celebraron que Colombia suscribiera la declaración política, que se firmó en el marco de la Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad Vial en las Naciones Unidas en Nueva York del 30 de junio al 1 de julio de 2022. De esta forma, el país confirma su compromiso con la meta global de reducir en 50% en fatalidades y heridas graves entre 2021 y 2030, desarrollando los lineamientos del Plan Mundial para el Decenio de Acción por la Seguridad Vial.

 

Sin embargo, las organizaciones le solicitaron avanzar con:

 

  • La actualización de los reglamentos técnicos para las llantas, frenos, acristalamiento, cinturones de seguridad y anclajes, y bandas reflectivas que surtieron de los procesos de Análisis de Impacto Normativo, y de consultas nacionales e internacionales. Estos reglamentos, que debían ser actualizados en 2018, deben ser adoptados de manea urgente para avanzar en la protección de ocupantes y personas fuera de los vehículos ya que tienen el potencial de reducir en más de un veinte por ciento (20%) las fatalidades viales.

 

  • Actualizar la normativa existente para que se exija el uso de Sistemas de Retención Infantil (SRI) de calidad y se regulen las condiciones que deben cumplir los importadores para que en el mercado se ofrezcan elementos de seguridad adecuados para la movilidad de niñas y niños.

 

  • La expedición y reglamentación de la #LeyJuliánEsteban que busca la adopción de los principios de los sistemas seguros en Colombia, entre ellos la adopción del límite de 50 km/h en vías urbanas, el desarrollo de planes de gestión de la velocidad y la garantía de recursos humanos y tecnológicos para hacer la debida fiscalización de estos procesos. Estas medidas permitirán avanzar en la protección de actores vulnerables como peatones, ciclistas y motociclistas.

 

Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (2022), los eventos de transporte representan la segunda causa de lesión fatal por causa externa en la población entre 0 y 14 años. Entre el 2010 y 2021, el 23% de niñas y niños que murieron en siniestros viales, estaban dentro de un vehículo; el 24% estaban en una motocicleta.

 

De acuerdo con Patricia Calderón “Desde Despacio, reconocemos la importancia de trabajar en pro de la seguridad vial desde una mirada integral, que tenga en cuenta que existe el error humano y que permita salvar las vidas de las personas vulnerables de las vías”.

 

De acuerdo con Isabel Pereira Arana, Subdirectora (e) Misional de Dejusticia, “Abogar por la seguridad vial de los niños, niñas y adolescentes hace parte de las obligaciones de los Estados en el marco de sus compromisos internacionales y constitucionales en materia de Derechos Humanos, en particular para garantizar y proteger, los derechos a la vida, integridad y salud”.

 

De acuerdo con Juan Pablo Bocarejo, del Grupo SUR de la Universidad de los Andes, “el compromiso de Colombia para reducir en 50% las fatalidades en siniestro viales en la próxima década requiere de una visión ambiciosa y un trabajo coordinado de la sociedad civil, la academia, el congreso y el gobierno”.

 

Para Carolina Piñeros Ospina, Directora Ejecutiva de Red PaPaz, “la agenda de seguridad vial es una agenda de salud pública y de derechos humanos, especialmente para la protección de jóvenes, niñas y niños cuyas vidas estamos truncando por no tomar acciones oportunas. Seguiremos apoyando el avance y haciendo seguimiento a las medidas que se requieren para lograr las metas de las Naciones Unidas en nuestro entorno”

Red PaPaz solicitó a la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá y a la Secretaría de Educación de Cundinamarca que incorporen ajustes en la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para ofrecer alimentos saludables a los beneficiarios. Específicamente solicitó información sobre las modalidades de atención implementadas y los productos que están siendo entregados.

Red PaPaz presentó petición al Ministerio de Salud y Protección Social para que, en ejercicio de la iniciativa legislativa, presente proyecto de ley para extender las medidas de control aplicables a los productos de tabaco a los cigarrillos electrónicos y demás productos novedosos,  a fin de dar cumplimiento a obligaciones internacionales adquiridas por el Estado colombiano en virtud del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control de Tabaco («CMCT») y con ello proteger la salud de la población, en particular de niñas, niños y adolescentes.

 

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